Analiza el alto Tribunal europeo si el artículo 2, punto 1, párrafo primero, de la Directiva 2000/35 por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales debe interpretarse en el sentido de que un contrato público de obras es una operación comercial con arreglo a esta disposición y está comprendido, por tanto, en el ámbito de aplicación material de dicha Directiva.
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