Mario Alberto Velázquez García
Desde que los estados latinoamericanos lograron su independencia han intentado consolidar y reconciliar dos conceptos: ciudadanía y nación. Este proyecto ciudadano ha tenido distintos grados de alcance e institucionalización en Latinoamérica. Un rasgo común de la mayor parte de los países de esta región es la disparidad que existe en la consolidación de la ciudadanía en los espacios urbanos y los rurales. En este contexto, el artículo busca comprobar la siguiente premisa: los Estados latinoamericanos aplican un conjunto de mecanismos de control diferenciados para las protestas que tienen lugar en las zonas rurales y en las zonas urbanas. En las zonas rurales el ejercicio de la ciudadanía es limitado; en muchos casos, las protestas son reprimidas y controladas con tácticas autoritarias e ilegales. En las ciudades las protestas se han institucionalizado como un derecho de los ciudadanos. Esta diferencia está relacionada entonces con los procesos de construcción de la ciudadanía en ambos lugares, pero también por los actores globales -compañías internacionales, narcotraficantes- que generan formas de control y de intervención que están fuera de las capacidades o intereses de los Estados latinoamericanos contemporáneos. El interés central de este trabajo está en las protestas sociales en el medio rural latinoamericano, en específico aquellas acciones colectivas que se oponen a proyectos que buscan construir presas, explotar minas u otro tipo de cambios en el uso de los recursos de una zona rural.
Sever since Latin American states achieved independence, they have sought to consolidate and reconcile two fundamental concepts: citizenship and nation, a citizen-oriented project that has had distinct degrees of scope and institutionalization in different nations. One common feature in most countries in this region is the disparity that exists between the consolidation of citizenship in urban and rural spaces. It is in this context that the present article set out to verify the following premise: that Latin American states apply a set of differentiated control mechanisms for protests that take place in rural vs. urban areas. In the former, the exercise of citizenship is limited and, in many cases, protests are repressed and controlled using tactics both authoritarian and illegal. In cities, in contrast, social protests have been institutionalized as a right of citizens. This difference is thus related to the processes of building citizenship in these two contexts, but also to global actors -international companies and drug-traffickers, among others- that generate forms of control and intervention that lie outside the capacities or interests of contemporary Latin Americans states. The central interest of this article, then, is in social protests in rural Latin America, specifically those collective actions that oppose projects which propose building dams, opening mines or other major changes in resource use in rural areas.
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