La problemática del cambio climático es, sin duda, el mayor desafío medioambiental y socioeconómico al que se enfrenta la humanidad en el siglo XXI: escasez de agua y sequía, incendios forestales, inundaciones, olas de calor, calentamiento global, etc. El Acuerdo de París de 2015 y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible destacan que el enorme cambio que es necesario realizar en los modelos de crecimiento y desarrollo únicamente puede lograrse con éxito si avanzamos hacia una nueva gobernanza en la que participen como sujetos activos las Administraciones públicas y la sociedad civil. Los planes, programas, estrategias, instrumentos y disposiciones de carácter general que se adopten en la lucha contra al cambio climático, se llevarán a cabo bajo fórmulas abiertas que garanticen la participación activa, real y efectiva de los agentes sociales y económicos interesados y de la ciudadanía en general. La gestión del riesgo de inundaciones y de las situaciones de escasez de agua y sequías genera unas tensiones importantes por las condiciones, limitaciones o restricciones que pueden imponerse en relación con el uso del suelo, por ejemplo, la imposibilidad de construir, y del agua, por ejemplo, la imposición, reducción o eliminación de trasvases.
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