En el marco actual de la LO 4/2000, se considera regular a todo menor tutelados en España por una Administración Pública, o por cualquier entidad mediante resolución judicial. Sin embargo, el problema se originaba al cumplir la mayoría de edad, puesto que al dejar de ser tutelados, automáticamente se les exigía los medios económicos de las autorizaciones de residencia no lucrativa, consistente en el 100 % del IPREM.
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