Uno de los aspectos más problemáticos en la contratación pública lo representa la modificación de los contratos con posterioridad a su adjudicación dada la doctrina tradicional imperante hasta el momento orientada hacia la inmutabilidad de los pactos u obligaciones contenidos en el documento contractual, regla heredada de la teoría civilista. La ponderación entre la salvaguarda del interés público y los principios generales de la contratación ha llevado a la construcción por la jurisprudencia europea de un esquema conceptual que se ha regularizado a través de las llamadas Directivas de cuarta generación, y así, la vigente Ley de Contratos públicos española.
One of the most problems about the public procurement is the modification of the contracts after awarding the contract because of the traditional legal doctrine which is based on the immutability of the agreements or obligations contained in the contract and inspired by the civil law theory. The balance between safeguarding the public interest and the general principles governing the contract has led to the development by ECJ case-law of a conceptual scheme that has been regularized through the so-called fourth generation EU Directives, and thus, the new Spanish Contracts Act.
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