La corrupción debilita seriamente la capacidad del sistema judicial de garantizar la protección de los derechos humanos e impide que jueces, fiscales, abogados y otros profesionales del Derecho desempeñen sus labores y cumplan con sus deberes profesionales. Además, la corrupción tiene un efecto devastador sobre el sistema judicial, ya que reduce la confianza pública en la administración de la justicia.
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