Los planes de ayuda y de recuperación exigen una fiscalización más allá de la regularidad

• Joaquín Izquierdo Peris ^[1]
  1. [1] Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana
• Localización: Auditoría pública: revista de los Organos Autónomos de Control Externo, ISSN 1136-517X, Nº. 78, 2021, págs. 80-93
• Idioma: español
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    El objetivo de este artículo es sintetizar unas directrices básicas que contribuyan a dotar de mayor eficiencia a la función fiscalizadora de los órganos de control externo (OCEX), estableciendo unos objetivos mínimos de auditoría para los trabajos relacionados con la fiscalización de los planes de ayudas y de recuperación, que se han puesto en marcha en el segundo semestre de 2020 y durante todo el 2021 por parte de las administraciones para contribuir a la recuperación de la economía y mitigar los efectos sociales ocasionados por la pandemia provocada por la COVID-19.

    La pandemia, por su propagación a nivel mundial y por su extensión en el tiempo, ha conducido no sólo a una grave crisis sanitaria, sino también a un elevado impacto social y económico. En este entorno, el papel de los órganos de control externo es fundamental para garantizar que las actuaciones de las administraciones públicas respeten los principios básicos recogidos en el ordenamiento jurídico

  • English

    The objective of this article is to synthesize some basic guidelines that contribute to making the audit function of regional public sector audit institutions more efficient, establishing minimum audit objectives for the work related to the audit of aid and recovery plans, which have been launched in the second half of 2020 and throughout 2021 by the administrations to contribute to the recovery of the economy and mitigate the social effects caused by the pandemic caused by COVID -19.

    The pandemic, due to its worldwide spread and its extension over time, has led not only to a serious health crisis, but also to a high social and economic impact. In this environment, the role of external control bodies is essential to ensure that the actions of public administrations respect the basic principles set out in the legal system.