Resumen de La Directiva 2019\2161, de Modernización del Derecho de Consumo, por la que se conceden remedios individuales contra las prácticas comerciales desleales. ¿Un paso más hacia la estandarización del derecho privado de la Unión Europea?
- español
La Directiva (UE) 2019/2161 reforma la Directiva 2005/29/CE, sobre prácticas comerciales desleales (DPCD), e introduce un nuevo art. 11bis por el que se conceden a los consumidores afectados los remedios de indemnización de daños y perjuicios, reducción del precio y resolución del contrato. La regulación de estos remedios se difiere a los Estados miembros, que han de cumplir con los principios de equivalencia y efectividad del Derecho europeo. La armonización de las acciones que se conceden a los consumidores puede conllevar efectos sustanciales para los Derechos internos debido a las peculiaridades de la DPCD. En especial, el uso del estándar jurídico del «consumidor medio» como parámetro de deslealtad de una práctica comercial. A diferencia del Derecho privado tradicional, la DPCD recurre a un criterio abstracto de imputación. La importancia de la reforma se constata al enlazar las características de la DPCD con la noción objetiva de consumidor que emana del Derecho europeo y que ignora circunstancias personales de las partes. Todo ello demarca los límites que los legisladores de los Estados miembros han de respetar al transponer la Directiva (UE) 2019/2161 a los Derechos nacionales y sirve de parámetro para medir la corrección de la transposición que, en España, llevó a cabo el Real Decreto-ley 24/2021.
- English
Directive (EU) 2019/2161 amends Directive 2005/29/EC on Unfair Commercial Practices (UCPD) and introduces a new Article 11a granting affected consumers the remedies of damages, price reduction and termination of the contract. The regulation of these remedies is deferred to the Member States, which must comply with the principles of equivalence and effectiveness of European law. The harmonisation of the remedies granted to consumers may have substantial effects for national laws due to the peculiarities of the UCPD. In particular, the use of the legal standard of the «average consumer» as a benchmark for unfairness of a commercial practice. Unlike traditional private law, the UCPD uses an abstract criterion to determine a breach. The importance of the reform can be seen by linking the characteristics of the UCPD with the objective notion of consumer from European law, which ignores the personal circumstances of the parties. All of this sets the limits that the legislators of the Member States must respect when transposing Directive (EU) 2019/2161 into national law. It also serves a parameter to assess the transposition of the Directive into Spanish law, a task that the Royal Decree-law 24/2021 undertook.
