Michael Alexandra Juárez Segarra, Marcelo Alejandro Guerra Coronel
El derecho de supervivencia, como constituye la pensión alimenticia a favor de niños, niñas y adolescentes, y su prevalencia a través de la aplicación del principio de su interés superior, con la llegada de la pandemia por la Covid-19, ha puesto de manifiesto las graves realidades sociales, económicas y estatales en la garantía de protección y materialización del derecho.
La llegada inesperada de la crisis sanitaria, ha dejado expuesto al Estado Ecuatoriano en varios aspectos; y entre ellos, la ineficacia en el ejercicio del rol corresponsable que le otorga la Constitución y la Ley, porque no coexisten mecanismos jurisdiccionales que permitan la exigencia a través de los operadores de justicia. El incremento de incidentes de rebaja de pensión alimenticia, en menoscabo al derecho de niños, niñas y adolescentes, ha puesto de manifiesto la crisis económica que afrontan las familias y los recursos insuficientes de los obligados al cumplimiento del derecho.
No hay duda, que los efectos de la pandemia en lo concerniente al derecho de alimentos, lo han sobrellevado los particulares, lejos de cualquier responsabilidad objetiva del Estado. La Nación, con la expedición de la Carta Fundamental del 2008, repuntó en Latinoamérica con una de las Constituciones más garantistas en derechos; sin embargo, la presente investigación permite observar que el bloque de derechos, solo pueden ser efectivos a través de la intervención de un Estado económicamente solvente y corresponsable desde su razón de existir, para que cumpla su cometido consagrado en la Constitución “corresponsabilidad”; por tanto, depende del Gobierno y su activismo para garantizar el principio de interés superior de NNA en el derecho de alimentos.
La investigación fue no experimental, de tipo mixta con énfasis en lo cualitativo, los métodos utilizados fuero inductivo-deductivo.
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