Estábamos ante una oportunidad histórica para blindar un derecho constitucional, pero el anteproyecto de ley aprobado por el Gobierno prima los intereses económicos y especulativos. La ley está hecha a espaldas de los agentes y movimientos sociales; no tiene la legitimidad que cabría esperar. Se condena a millones de personas a vivir en situación de incertidumbre y vulnerabilidad.
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