La política de residuos constituye un magnífico ejemplo de la conflictividad que generan determinadas decisiones vinculadas al medio ambiente. La oposición social al emplazamiento de plantas de residuos es el resultado no solo del síndrome NIMBY (not in my back yard), sino también, con gran frecuencia, de decisiones que se imponen a los grupos afectados. Con el objetivo de analizar las variables político-sociales que explicarían por qué determinadas infraestructuras de este tipo son aceptadas mientras que otras son rechazadas, se llevó a cabo una investigación comparada, financiada por la DG XII, que condujo a la elaboración de la "metodología actores-recursoso (Dente et al., 1998). Esta investigación concluyó que no son tanto las características "objetivas" del proyecto en si(en términos de su utilidad social, viabilidad económica o fiabilidad técnica) como las características del proceso decisorio (su mayor o menor transparencia informativa, lasposibilidades que abre o cierra en cuanto a la participación social, la existencia o no de un mediador, etc.) las que determinan la aceptación o el rechazo social a estas infraestructuras.
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