El Abogado General de la Unión Europea considera que los requisitos procesales de la legislación española para reclamar responsabilidad al Estado por los daños ocasionados a causa de leyes contrarias al Derecho de la Unión infringen el principio de efectividad. Es más que previsible que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie en el mismo sentido.
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