El derecho de acceso a los medios de comunicación públicos de los grupos sociales y políticos significativos como garantía de organización y procedimiento de la libertad de comunicación

• Juan Carlos Díaz García ^[1]
  1. [1] Facultad de Derecho de Albacete
• Localización: Documentos de Trabajo. Seminario Permanente de Ciencias Sociales, ISSN-e 1988-1118, Nº. 15, 2020
• Idioma: español
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    El derecho de acceso a los medios de comunicación públicos de los grupos sociales y políticos significativos, regulado como mandato al legislador en el artículo 20.3 de la Constitución, tiene por objeto cumplir con la obligación objetiva del Estado de promocionar la libertad de comunicación de estos colectivos. El mandado de acceso se configura como un instrumento de optimización de este derecho fundamental, que entronca con las garantías de organización y procedimiento que para la libertad de expresión establece la Constitución española de 1978.

    Sin embargo, habiendo transcurridos cuarenta años desde la aprobación del texto constitucional, podemos afirmar que el mandado del constituyente es todavía una asignatura pendiente que dista mucho de haber alcanzado un desarrollo eficaz y eficiente, si acaso con la salvedad de la regulación en periodo electoral y referendario.

    Esto es así, porque tanto a nivel estatal, a través de la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad pública, como de la ingente normativa autonómica, el acceso queda diluido en prescripciones abstractas y generalistas, que nada concreto aseguran; además en no pocos casos se deja en manos de órganos administrativos su regulación.

  • English

    The right of access to public media of significant social and political groups, regulated as a mandate to the legislator in article 20.3 of the Constitution, is intended to fulfill the objective obligation of the State to promote the freedom of communication of these groups. The access mandate is configured as an instrument to optimize this fundamental right, which is linked to the guarantees of organization and procedure established for the Spanish Constitution of 1978 for freedom of expression.

    However, having passed forty years since the approval of the constitutional text, we can affirm that the mandate of the constituent is still a pending issue that is far from having reached an effective and efficient development, if perhaps with the exception of the regulation in the electoral period and reference. This is so, because both at the state level, through Law 17/2006, of June 5, on publicly owned radio and television, and the huge autonomous regulations, access is diluted in abstract and general prescriptions, that nothing concrete assure; In addition, in many cases its regulation is left in the hands of administrative bodies.