El autor analiza la política cultural en México y centra su argumentación en la gestión de zonas arqueológicas. Señala que la visión gubernamental en la materia ha estado limitada a objetivos económicos, por lo que se dejan de lado cuestiones de orden social. Al respecto, propone incorporar como herramienta de desarrollo la implantación de planes de manejo en zonas arqueológicas y de esa manera mejorar las condiciones de vida de las localidades relativas.
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