Una de las necesidades de las sociedades democráticas avanzadas en el S.XXI es la que se concreta en el buen gobierno, entendido como calidad institucional en el desarrollo de la gestión pública, conforme a los principios éticos y de valores públicos. En su dimensión interna, la consecución de la realidad y efectividad del buen gobierno pasa inexcusablemente por la transformación de la estructura productiva y organizativa, y, consecuentemente, por el necesario cambio cultural de nuestras Administraciones Públicas.
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