La Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, recoge en su articulado diversas referencias a la contratación pública, con la finalidad de prevenir la generación de residuos, establecer las características de los productos en las compras públicas o regular diversos extremos de los contratos de recogida y tratamiento de residuos. Asimismo, contempla un supuesto de prohibición de contratar en el marco de su régimen sancionador.
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