El mecanismo extraordinario de revisión de precios de contratos de obra pública aprobado por el gobierno central mediante Real Decreto Ley 3/2022, contempla la posibilidad de que las Comunidades Autónomas se adhieran al mismo mediante un acuerdo. Su regulación, un tanto deficiente en relación con la aplicación a las entidades locales, ha dado pie a diferentes regulaciones autonómicas. Asimismo, diversas Comunidades Autónomas también han aprobado otras medidas complementarias, lo que está provocando una gran dispersión normativa y cierta falta de seguridad jurídica. La Comunidad Autónoma de Aragón, a través de un Decreto Ley propio, ha introducido ciertos aspectos novedosos.
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