Ciudad Real, España
El legislador de la Unión puede imponer algunas obligaciones de supervisión y de filtrado a determinados intermediarios en línea respetando la libertad de expresión, siempre que, en cualquier caso, tales obligaciones estén delimitadas por garantías suficientes para minimizar el impacto del filtrado sobre esa libertad. Habida cuenta de que el artículo 17 de la Directiva 2019/790 establece esas garantías, el Tribunal de Justicia declara que dicha disposición es válida.
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