Madrid, España
La corrupción ocupa una posición relevante entre las preocupaciones de la ciudadanía. El legislador tiene la obligación de establecer y llevar a cabo estrategias para su prevención y combate, y entre ellas destaca la función del Derecho penal. Ahora bien, para afianzar la confianza del ciudadano en el sistema y al mismo tiempo lograr erradicar la lacra de las actuaciones abusivas en el marco de la gestión pública, es requisito indispensable que la actuación legislativa demuestre utilidad y eficacia. La propensión a los cambios legislativos penales en el marco de la lucha contra la corrupción de los últimos años permite cuestionarse tanto la utilidad como la eficacia de los mismos.
Corruption occupies a relevant position among the concerns of citizens. The Legislator has the obligation to establish and carry out strategies for its prevention and combat, and among them the role of criminal law stands out. However, in order to strengthen citizen confidence in the system and at the same time eradicate the scourge of abusive actions within the framework of public management, it is an essential requirement that legislative action prove useful and effective. The propensity for criminal legislative changes in the framework of the fight against corruption in recent years allows us to question their usefulness and effectiveness.
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