La Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía desaprovechó la ocasión para haber regulado un régimen económico-financiero propio sin remitirse a lo establecido en la legislación básica y, así, alcanzar la implantación del principio de recuperación de costes en Andalucía. Ello ha provocado que, al igual que en el resto de España, el porcentaje de recuperación de los costes sea inferior al 80% y que desde los sectores medioambientales y sociales se reclame con insistencia una reforma en profundidad de la fiscalidad del agua tanto en Andalucía como en España.
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