Nuestro estado social y democrático de derecho se ha vinculado a su dimensión política, social y económica. Pero el desarrollo como Estado de bienestar no ha tenido correspondencia con la incorporación de la democracia a las empresas, como si ha ocurrido en otros países más avanzados de Europa. Uno de los retos que nuestra sociedad afronta es la participación de las personas trabajadoras en las empresas, una signatura pendiente de nuestra democracia en el pleno desarrollo de los derechos de la ciudadanía. Acometer, en definitiva, un proceso de modernización que nos conduzca a mejorar el trabajo, las empresas y profundizar en los avances para la sociedad.
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