La historia del bloqueo institucional para nombrar nuevos altos cargos de la judicatura, y que recientemente ha supuesto el nombramiento para el Tribunal Constitucional de Enrique Arnaldo, conocido colaborador y defensor económico y político del Partido Popular, reforzará la práctica dominante del poder judicial de interpretar la ley con los criterios de la defensa a ultranza del poder –de los poderes– realmente existente. Conviene recordar recientes historias.
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