Murcia, España
La pandemia de Covid-19 ha acelerado un proceso de transformación digital que, además, se señala como uno de los principales motores de recuperación. Aunque este proceso es imparable y necesario, la velocidad a la que se están desarrollando los acontecimientos puede atropellar a nuestra sociedad en distintos sentidos. Exclusión digital, infodemia, desinformación, adicciones digitales, hiperconexión, ciberacoso, suplantación de identidad, abusos de la privacidad, robo y perdida de datos, phishing o pharming… conforman una larga lista de amenazas digitales que crece cada día y que puede poner en riesgo pilares fundamentales de nuestra sociedad como el acceso a derechos, la convivencia, la cohesión social y, en definitiva, la propia democracia. Mediante esta nota se pretende identificar y describir vulnerabilidades y riesgos personales y sociales derivados de la aceleración digital –entre ellos la falta de competencia digital– y cómo pueden afectar al ejercicio de derechos de las personas. Para generar esta propuesta de forma estructurada nos apoyamos en el Marco europeo de la competencia digital (DIGCOMP2.2) y en la Carta de derechos digitales presentada por el Gobierno de España. El abordaje de los riesgos digitales es complejo dada la amplitud de facetas de la vida a las que afecta y las distintas perspectivas desde las que se puede afrontar, por lo que este ejercicio de síntesis no pretende más que aportar una reflexión crítica que contribuya a un enfoque personal y profesional proactivo del comportamiento y la inclusión digital. Identificar y clasificar los riesgos digitales nos permitiría desarrollar programas de capacitación y empoderamiento digital de una forma sistemática o global; pero es un reto complejo pues a) involucra muy diversos aspectos que se interrelacionan –personales, sociales, educativos o económicos –; b) la competencia digital es muy amplia, evolutiva, gradual y contextual, determinando las carencias que podemos tener, los diversos riesgos a los que nos enfrentamos y en qué grado nos puede afectar. En todo caso, estamos obligados a actuar desde nuestros ámbitos educativos, bibliotecarios y de inclusión social para que las personas logren con las tecnologías digitales un factor de desarrollo equilibrado y crítico; siendo conscientes de sus riesgos y capaces de autorregularse de forma relevante y socialmente solidaria. La educación digital en todas las etapas de la vida es un derecho y una fuente a su vez de derechos y oportunidades. Su ausencia es un factor de exclusión personal y social.
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