El derecho a la salud se hace efectivo, entre otros, a través de la garantía de acceso a los medicamentos, ya que estos contribuyen a prevenir, curar, o aliviar enfermedades, así como a corregir o reparar las secuelas provocadas por éstas. Así pues, en España, se reconoce el derecho de todos los ciudadanos a obtener medicamentos mediante las prestaciones farmacéuticas garantizadas por el Sistema Nacional de Salud, que es el modelo sanitario implantado para la garantía de la protección de la salud. Con el fin de garantizar la sostenibilidad del mismo, el Estado tiene la capacidad de regular las condiciones económicas de las prestaciones farmacéuticas, así como de normativizar el precio de los medicamentos.
En el presente trabajo, se analiza la intervención administrativa sobre todas las cuestiones de índole económica y política que rodean al medicamento en su relación con la protección de la salud como son: la decisión de la financiación pública, es decir, inclusión del medicamento en la prestación farmacéutica de la Seguridad Social; y, la fijación del precio de financiación del medicamento con cargo a fondos estatales afectos a sanidad o de la Seguridad Social, que son realizadas en cada uno de los Estados miembros, y en España esta capacidad corresponde al Ministerio con competencias en sanidad.
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