Los proyectos de colaboración público-privada en la construcción y gestión de infraestructuras públicas se perfilan como una de las alternativas más viables para solventar las restricciones presupuestarias a las que están sometidas las Administraciones públicas europeas y, en particular, las españolas. Las consecuencias sobre el déficit público de este tipo de operaciones dependen en gran medida de su clasificación a efectos del sistema europeo de cuentas. En este ámbito, Eurostat, la agencia europea responsable del sistema contable y única competente para su interpretación, acaba de publicar una decisión con la que pretende aclarar el tratamiento de estos proyectos partiendo de la asignación de riesgos entre los participantes. Este articulo pretende dar a conocer esta decisión y sus más inmediatas implicaciones.
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