El entramado institucional que sustenta la acción pública en Aragón está viéndose sometido a profundos cambios en los últimos años. Junto a la notable disminución en la presencia directa de la Administración pública central en territorio aragonés, acentuada tras el traspaso de los servicios de Educación y Sanidad, la Comunidad Autónoma ha promovido la creación de un nuevo tipo de ente local: la Comarca. Las comarcas cuentan con competencias propias traspasadas por la Comunidad Autónoma y, en su caso, contarán con competencias delegadas por los municipios y las provincias. La literatura teórica aporta argumentos de todo tipo, tanto a favor como en contra, para juzgar este proceso de reforma institucional que pretende combinar descentralización autonómica y centralización local. Este artículo, partiendo de esos argumentos, analiza el proceso de comarcalización de Aragón desde una perspectiva económica, atendiendo sobre todo a su posible impacto sobre la eficiencia del sector público. A estos efectos son objeto de estudio: la finalidad de las comarcas, sus competencias, su tamaño y su coste
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