La operatividad de una comunidad autónoma depende en buena medida de su capacidad de financiación y es algo que preocupa al constituyente ante el riesgo de una mayor presión fiscal. En el caso de Madrid la autonomía no deberá suponer una peseta más de carga tributaria dado que el actual presupuesto de la Diputación, la potencialidad recaudatoria en función de los tributos cedidos y la participación en el Fondo de Compensación Interterritorial es garantía suficiente de capacidad financiera.
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