Norma impulsada por el Ministerio de Justicia que tiene como objetivo “la adaptación de la realidad judicial española del siglo XXI al marco tecnológico contemporáneo”, para lo que establece un marco jurídico que facilite y promueva la digitalización, regulando los servicios digitales accesibles a la ciudadanía, reforzando la seguridad jurídica en el ámbito digital y orientando al dato los sistemas de Justicia. Además, la norma hará estructurales medidas como la celebración de vistas y actos procesales telemáticos, que se implantaron durante la pandemia, pero que después se han consolidado.
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