La reforma de 2013 de la legislación local no solo ha modificado el catálogo estatal de competencias locales, sino que ha expresado su preferencia por la gestión indirecta de los servicios locales, dificultando los procesos de “municipalización” o de prestación directa de los servicios locales en un mercado cuasi oligopólico (abastecimiento domiciliario, recogida de basuras etc.).
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