Tanto la gestión directa como la indirecta de los servicios públicos tienen sus pros y sus contras. No existe una fórmula legal o consuetudinaria que nos decante de forma expresa hacia una forma de gestión en concreto. Para adoptar una correcta decisión, o sea, decidir cuál es la forma más sostenible, eficaz y eficiente, se debe obviar un análisis superficial, relacionado con déficits administrativos o ventajas generales del sector privado. Se debe partir de un estudio de viabilidad específico sobre el servicio a prestar, y desde aquí, de una correcta planificación, y de un análisis de costes, inversiones necesarias y viabilidad de su financiación, así como las vicisitudes sobre los mismos que pueda provocar un modelo directo o indirecto de la gestión. La motivación se convierte en un elemento primordial. Si el modelo escogido es el de la gestión indirecta, adquieren gran relevancia los mecanismos de planificación, control y evaluación sobre el servicio adjudicado, que, aunque supongan un coste a corto plazo, suponen un beneficio en términos de eficacia a medio y largo plazo, y permiten un mantenimiento del conocimiento por parte de la Administración.
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