La movilidad de turistas en la Unión Europea se produce en el marco de las normas que rigen la libre circulación de personas, derecho fundamental de la ciudadanía europea que admite, no obstante, limitación por los Estados si es necesario para salvaguardar la salud pública. La pandemia ha planteado el reto de garantizar la proporcionalidad y la necesidad de las restricciones adoptadas por los Estados en un contexto de emergencia y de gran tensión para los sistemas sanitarios nacionales. Frente a ello, la Unión ha fomentado la coordinación entre los Estados definiendo criterios y tipos de medidas comunes, así como fomentando el reconocimiento y la confianza mutuos, que son claves para recuperar el turismo. Con todo, su capacidad de incidencia ha sido limitada. La propia Unión ha tratado los desplazamientos de turistas como no esenciales y su restricción como un mecanismo útil en la lucha contra la expansión del virus.
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