Con el presente informe se pretende (i) contribuir a la denuncia de la situación de violencia ejercida contra todas aquellas personas que defienden los derechos humanos, labor ya realizada por organizaciones nacionales e internacionales; (ii) reivindicar la exigencia de obligaciones al gobierno colombiano en materia de protección a las personas defensoras; y (iii) ahondar en la comprensión de las debilidades de los mecanismos de protección establecidos hasta la fecha. Asimismo, y a la luz de los hechos, se considera pertinente incidir en la dirección ya apuntada por el Tribunal Permanente de los Pueblos en Colombia sobre la posible configuración de estos homicidios como un crimen de lesa humanidad.
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