En el siglo XIX, la Universidad española pasó a ser un organismo estatal más. Era el resultado de una intensa etapa de reformas en la legislación educativa de nuestro país. A partir de 1900, la Universidad aparece con aspectos positivos, de crecimiento y desarrollo, pero también con sombras profundas. La atonía, el retraso, la rutina, la división ideológica y la falta de altura retratan muchas veces el panorama universitario. Junto a todo ello, afloran inquietudes y cuajan iniciativas. Quizás el aspecto más destacable sea el esfuerzo por dotar a la Universidad de un régimen autonómico. Los proyectos de ley de autonomía universitaria de los ministros García Alix (1900), Romanones (1901) y Santamaría de Paredes (1905), así como las asambleas universitarias de Valencia (1902), Barcelona (1905) y Madrid (1915), pusieron de manifiesto la voluntad autonomista de la inmensa mayoría de los estamentos universitarios y políticos. En este contexto se produce el intento más serio de autonomía universitaria: el Decreto de 21 de mayo de 1919, obra del ministro maurista César Silió. El Decreto puso en marcha una reforma que estuvo vigente desde mayo de 1919 hasta agosto de 1922.
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