El control de la legalidad formal del ordenamiento escolar y la orientación técnico-pedagógica del Magisterio, han sido �tradicionalmente� las directrices funcionales más notorias asignadas a la Inspección de Enseñanza Primaria. Su labor, queda enmarcada en una incómoda situación intermedia entre lo político y lo técnico, entre la administración y el docente, en definitiva, entre las exigencias del poder establecido y los requerimientos de la ciencia pedagógica.
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