José Paulino Dzib Aguilar, Patricia G. Ramírez Chi
En materia de adopción en México, los cambios son dinámicos por los ajustes legislativos con impacto en las normas en salud mental. Lo anterior ha desencadenado la necesidad creciente de homogenizar y agilizar el proceso, lo cual se refleja en los recientes avances e iniciativas por parte de las instituciones a cargo para obtener la formalización de estas a través de instancias que ejercen la adopción con propuestas que persiguen el fin de brindar eficacia, transparencia y seguridad del menor en los momentos previos, durante y posteriores a la adopción.
Esta necesidad se hace visible a través del Instituto Nacional de Estadística y Geografía con un registro de 30.000 niños en México en espacios residenciales alternativos de los cuales no todos se encontraron en posibilidad de ser adoptados “citado en Vanguardia, 2018” y un año antes, entre mayo y junio de 2017 había por lo menos, 1.168 niñas, niños y adolescentes susceptibles de ser adoptados de los cuales 34 pertenecían a Yucatán; de acuerdo con datos entregados por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias: Institución pública mexicana de asistencia social de 31 estados (Gómez, 2018).
Es en la complejidad de estos cambios donde surge necesidad del establecimiento y practica de procesos funcionales a partir de una metodología que respete el cumplimiento de normas, leyes y códigos que protejan el bien superior de niñas, niños y adolescentes, con el fin de alcanzar la decisión judicial que les permita integrarse a una nueva familia. Y resultará trascendente la labor de los profesionales de la psicología al ser punto de referencia en validar las decisiones futuras, considerando su labor implicada en el proceso de adopción.
Regarding adoption in Mexico, changes are dynamic due to legislative adjustments with an impact on mental health regulations. This has triggered the growing need to homogenize and accelerate the process, which is reflected in recent advances and initiatives by the institutions in charge to obtain the formalization of these through requests for the process of adoption. These instances include proposals that seek to provide efficiency, transparency and security for the child before, during and after adoption.
The National Institute of Statistics and Geography makes this need clear, indicating that there are 30,000 children in alternative residential spaces in Mexico, but not all of them are in a position to be adopted "cited in Vanguardia, 2018". According to data delivered by the National System for the Integral Development of Families, a Mexican public institution of social assistance for 31 states (Gómez, 2018), a year earlier, between May and June 2017, there were at least 1,168 girls, boys and adolescents eligible for adoption of which 34 were from Yucatan.
It is in the complexity of these changes where the need for the establishment and practice of functional processes based on a methodology that respects compliance with regulations, laws and codes that protect the best interests of children and adolescents arises, in order to reach the judicial decision that allows them to integrate into a new family. Moreover, the work of psychology professionals will be transcendental, as they will be a point of reference in validating future decisions, considering their involvement in the adoption process.
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