La Directiva (UE) 2020/1828, de 25 de noviembre de 2020, relativa a las acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores, pretende armonizar el régimen procesal de representación colectiva en todos los Estados miembros de la Unión Europea. Con un plazo de transposición que finaliza el 25 de diciembre de 2022, España deberá adaptar su normativa procesal a las exigencias de la Directiva, en particular, los requisitos de legitimación activa de las entidades representantes de los consumidores, los mecanismos para adherirse o desvincularse de la acción colectiva, o el ejercicio de acciones transfronterizas. El presente artículo examinará el estado actual del sistema español de representación procesal de los consumidores y usuarios con el fin de evaluar las modificaciones que deberán introducirse para la transposición del texto normativo.
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