La práctica de las notificaciones electrónicas suscita dudas sobre si estas ofrecen las garantías necesarias para asegurar que los ciudadanos tengan conocimiento de los actos de las administraciones públicas y puedan ejercer sus derechos. El sistema de notificación electrónica sin aviso previo puede ser discriminatorio y atentar contra el derecho a la tutela judicial efectiva al situar a los ciudadanos en indefensión, además, de ser incoherente al establecer que el incumplimiento de una obligación legal por la Administración es inocua.
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