Resumen de La responsabilidad de los organismos públicos en los casos de accidentes de los trabajadores de las empresas de intermediación laboral
Bruno Jairo Morales Rivadeneyra
- español
La problemática circunscrita en los organismos públicos da a conocer una falta de regulación para aquellos casos de accidentes laborales en empresas de intermediación laboral. Tanto la normativa sobre la materia, la Ley n.o 27626 y su Reglamento, promulgado por el Decreto Supremo n.o 003-2002-TR, muestran una gran diferencia, y es que en la primera no se menciona nada sobre los organismos públicos, lo que da carta abierta a interpretaciones sobre la materia y la consecuente desprotección de los trabajadores que sufren accidentes laborales. Ante esta situación, nos preguntamos qué genera dicha problemática, pues su impacto es importante porque de resolverse se podría determinar la responsabilidad solidaria al no cumplir con las obligaciones mínimas para brindar control, seguridad y salud al trabajador, quien es pieza fundamental de toda empresa o institución, ya que el valor y el carácter humano están protegidos por nuestra Carta Magna, en la que se menciona que el trabajo es un derecho fundamental.
- English
The problem circumscribed in public agencies reveals a lack of regulation for those cases of accidents at outsourcing companies. Both the regulations on the matter, Act No. 27626, and its regulation, enacted by Supreme Executive Order No. 003-2002-TR, show a great difference, and that is that in one of the two regulations nothing is mentioned about public agencies, which gives open letter to interpretations on the matter and resulting in the vulnerability of workers who suffer accidents at work. Faced with this situation we ask ourselves: what causes this problem? since its impact is important because if it is solved, it could determine joint and several liability by not fulfilling the minimum obligations to provide control, safety and health to the worker, who is a fundamental part of any company or institution, since the value and human character are protected under our Magna Carta, which mentions that work is a fundamental right.
