El Tribunal de Justicia declara que las tres obligaciones introducidas en el Derecho italiano en 2017 deben considerarse comprendidas en la materia de fiscalidad y, por tanto, están excluidas del ámbito de aplicación de determinadas directivas invocadas por Airbnb. Así, el Tribunal de Justicia se centra en el examen de la legalidad de las tres medidas únicamente a la vista de la prohibición de las restricciones a la libre prestación de servicios dentro de la Unión establecida en el art. 56 TFUE.
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