Resumen de Brecha y transformación digital dos caras de una misma moneda para los territorios rurales en Costa Rica

Oscar Quesada

• español

  Costa Rica cuenta con un amplio marco de políticas, programas planes y acciones del sector público orientadas a la incorporación de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) como factor del desarrollo nacional, a la vez que cuenta con una Política de Estado para el Desarrollo Rural Territorial. No obstante, la pandemia COVID 19 dejo en evidencia que la brecha digital territorial entre las zonas urbanas y rurales del país impiden una verdadera transformación digital que potencie el desarrollo de los territorios rurales del país. Esta situación se evidenció con una acentuada gravedad en el sector educativo, en el cual las desigualdades digitales llevaron a un proceso de exclusión educativo a un amplio porcentaje de la población estudiantil, dejando comprometidas sus expectativas de desarrollo con mayor impacto también en la juventud rural. Para enfrentar esta situación se requiere un abordaje articulado de políticas multinivel, multisectorial, interinstitucionales, alinear y aprovechar los recursos para inversiones públicas estratégicas y aprovechar el potencial de los mecanismos de gobernanza participativos e incluyentes disponibles. 

• English

  Costa Rica has a broad framework of public sector policies, programs, plans and actions aimed at incorporating information and communication technologies (ICTs) as a factor in national development, as well as a State Policy for Territorial Rural Development. However, the COVID 19 pandemic revealed that the territorial digital divide between urban and rural areas of the country prevents a real digital transformation that enhances the development of the country's rural territories. This situation was particularly serious in the education sector, where digital inequalities led to a process of educational exclusion of a large percentage of the student population, compromising their development expectations, with greater impact also on rural youth. To address this situation requires an articulated multilevel, multisectoral and interinstitutional policy approach, aligning and leveraging resources for strategic public investments and taking advantage of the potential of available participatory and inclusive governance mechanisms.