El autor analiza las referencias de la Ley 2/2023 (Ley de los «canales de denuncia») desde la perspectiva de la contratación pública. ¿Quedan afectados por la norma todos los procesos de contratación pública? ¿Qué personas serán protegidas en caso de informar de irregularidades en procesos de contratación pública? ¿Qué requisitos se exigen para que un órgano público pueda externalizar la gestión del canal de denuncias? ¿Qué especialidades se han previsto para las contrataciones que realice la Autoridad Independiente de Protección al Informante? ¿Qué infracciones pueden acarrear como sanción la prohibición de contratar con el sector público?
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