Prima especial para la Fiscalía General de la Nación: su reconocimiento en la Ley 4 de 1992

• Fierro Carbonell, Estefany del Carmen ^[1] ; Alcalá Rodríguez, Luz Myriam ^[1]
  1. [1] Institución Universitaria de Envigado

     Institución Universitaria de Envigado

     Colombia

     
• Localización: Nuevo derecho, ISSN-e 2500-672X, ISSN 2011-4540, Vol. 18, Nº. 30, 2022
• Idioma: español
• Títulos paralelos:
  • Premium for the Attorney General’s Office: Its Recognition in Ley 4, 1992
• Enlaces
  • Texto completo (pdf)
• Resumen
  • español

    Este artículo de investigación pretende analizar la aplicación de los criterios normativos y jurisprudenciales sobre el pago de la prima especial reconocida por la Ley 4 de 1992 para el régimen especial de los fiscales. Para ello, es necesario abordar, en primer lugar, el marco normativo que se aplica al pago de la prima especial, lo que implica un análisis de los fundamentos legales y constitucionales de su origen, su alcance, excepciones, efectos salariales y prestacionales. En segundo lugar, será necesario revisar la evolución jurisprudencial de la Corte Constitucional, así como algunas sentencias de unificación del Consejo de Estado en relación con el pago de la prima especial. De acuerdo con esto, el hallazgo más significativo fue el inminente reconocimiento de la prima especial en los términos que la jurisprudencia ha aclarado, derivando la facultad para la reclamación pertinente.

  • English

    This research work aims to analyze the application of the normative and jurispruden-tial criteria on the payment of a bonus, recognized by Ley 4, 1992 for the special regime of public prosecutors’ officials. To this end, it will be necessary to address the regulatory framework that applies to the payment of the premium, which implies an analysis of its legal and constitutional basis, its scope, exceptions, salary and benefit effects. Secondly, it will be necessary to analyze the jurisprudential evolution of the Constitutional Court, as well as some unification rulings of the Council of State in relation to the payment of the premium. Consequently, the most significant finding has been the impending recog-nition of the premium in the terms stated in the jurisprudence, deriving the authority for the pertinent claim