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La regulación legal de la responsabilidad por leyes contrarias al Derecho de la Unión Europea tras su enjuiciamiento por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea

    1. [1] Universidad de Sevilla

      Universidad de Sevilla

      Sevilla, España

  • Localización: REDE. Revista española de derecho europeo, ISSN 1579-6302, Nº. 84, 2022, págs. 9-57
  • Idioma: español
  • Títulos paralelos:
    • The legal regulation of liability for laws contrary to European Union Law after the Court of Justice of the European Union Ruling
  • Texto completo no disponible (Saber más ...)
  • Resumen
    • español

      La aplicación del principio de responsabilidad del Legislador por infracciones del Derecho de la Unión Europea ha estado sometida en nuestro Derecho a grandes vaivenes. El Tribunal Supremo consideró inicialmente que estas reclamaciones no eran equivalentes a las relativas a la responsabilidad del Legislador por leyes inconstitucionales y, por ello, que no se requería aplicar los mismos requisitos procesales ni sustantivos. Este planteamiento fue rechazado en la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea Transportes Urbanos, a partir de la cual el Tribunal Supremo comenzó a “igualar a la baja” el régimen procesal, sin unificar, sin embargo, el régimen de fondo. El Legislador de las Leyes 39 y 40/2015 procedió a una regulación de la responsabilidad del Legislador la aplicación de leyes contrarias a la Constitución y al Derecho de la Unión europea similar en sus requisitos procesales, esta vez “igualando al alza”, y mantuvo un régimen sustantivo dispar, más generoso en el primer caso y alineado con el requisito de ilegalidad grave sustantiva establecido como mínimo por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La Sentencia Comisión contra Reino de España de 28 de junio de 2022 ha enjuiciado el régimen legal español, detectando las contradicciones con el Derecho de la Unión de sus determinaciones procesales desde la perspectiva del principio de efectividad. Además, en cuanto a los requisitos de fondo, ha optado por una novedosa interpretación de la articulación del estándar europeo y las regulaciones nacionales. En el trabajo se lleva a cabo una valoración de esta jurisprudencia y se añaden unas reflexiones para el debate entre la diferencia entre requisitos de fondo y procesales, la relación entre la tutela primaria” y la acción de responsabilidad o sobre el carácter objetivo o culposo de la responsabilidad del Legislador.

    • English

      The application of the principle of responsibility of the Legislator for in-fractions of EU Law has been subjected in Spain to great ups and downs. The Su-preme Court initially considered that these claims were not equivalent to those re-lating to the Legislator’s liability for unconstitutional laws and, therefore, that the same procedural and substantive requirements did not need to be applied. This approach was rejected in the Judgment of the Court of Justice of the European Union Transportes Urbanos, from which the Supreme Court began to “equalize downwards” the procedural regime, without unifying, however, the substantive regime. The Legislator of Laws 39 and 40/2015 regulated the responsibility of the Legislator for the application of laws in breach of the Constitution and Euroepan Union Law in a similar way in its procedural requirements —this time “equali-zing upwards—, and maintained a disparate substantive regime, more generous in the first case and aligned with the requirement of serious substantive illegality established as a minimum by the Court of Justice of the European Union. The Judgment of June 28, 2022, Commission against Kingdom of Spain, has analysed the Spanish legal regime, detecting the contradictions of its procedural deter-minations with the EU Law. In relation to the substantive requirements, it has opted for a novel interpretation of the articulation of the European standard and national regulations. In this paper, an assessment of this jurisprudence is carried out and some reflections are added for the debate between the difference between substantive and procedural requirements, the relationship between “primary re-medies” and the action of responsibility or on the objective or subjective nature of the Legislator’s liability.


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