El pasado 13 de marzo de 2023 entró en vigor la Ley Estatal 2/2023 de 20 de febrero de 2022, dirigida a proteger a las personas que en un contexto laboral o profesional detecten infracciones penales o administrativas graves o muy graves de nuestro ordenamiento jurídico y las comuniquen mediante los mecanismos regulados en la misma. La Ley extiende el ámbito de protección a todas aquellas personas que tienen vínculos profesionales o laborales con entidades tanto del sector público como del sector privado, e incluso, aquellas que ya han finalizado su relación profesional. Por último la Ley también obliga a todas las entidades que integran el sector público, a disponer de un sistema interno dirigido a canalizar las revelaciones de los informantes
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