El presente artículo tiene por objeto poner de manifiesto, en el ámbito de las entidades locales, los retos que ha supuesto el desarrollo de los procesos de estabilización tras la aprobación de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. En concreto, abordaremos cómo las bases aprobadas para los procesos selectivos han tenido que conciliar la norma aplicable, no siempre clara en todos sus aspectos, con su adecuación a una jurisprudencia que dimana de unos procesos similares, pero totalmente distintos y algunos de los problemas que puede generar la aplicación de esas bases. Todo ello, en los plazos realmente cortos establecidos en la misma Ley y con la incertidumbre de sí el Tribunal Constitucional llegará a pronunciarse sobre ella.
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