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La carga probatoria en los procedimientos administrativos sancionadores

    1. [1] Universidad Regional Autónoma de Los Andes

      Universidad Regional Autónoma de Los Andes

      Ambato, Ecuador

  • Localización: Iustitia Socialis: Revista Arbitrada de Ciencias Jurídicas y Criminalísticas, ISSN-e 2542-3371, Vol. 7, Nº. Extra 2 (Edición Especial), 2022, 14 págs.
  • Idioma: español
  • Títulos paralelos:
    • The burden of proof in administrative sanctioning proceedings
  • Enlaces
  • Resumen
    • español

      Se genera el objetivo de la investigación analizar la carga probatoria en los procedimientos administrativos sancionadores. De tipo descriptiva documental con diseño bibliográfico. Se dijo en las primeras líneas del artículo, que nuestra sociedad dio un salto evolutivo en lo que respecta a los derechos del ciudadano, siendo éstas más garantistas y humanistas, por lo que es necesario que el instructor del procedimiento administrativo sancionador asuma un papel activista como servidor público, y tener claro que su dictamen formado con todas las pruebas necesarias de la responsabilidad imputada contenga un pronunciamiento preciso, brindando los insumos necesarios al servidor público sancionador para la valoración de la prueba practicada, y consecuentemente motive inequívocamente su resolución, tomando en cuenta que dicha resolución afectará a bienes jurídicos protegidos como lo son la vivienda y el trabajo.

    • English

      The objective of the research is to analyze the burden of proof in administrative sanctioning procedures. It is a descriptive documentary type with bibliographic design. It was said in the first lines of the article, that our society made an evolutionary leap regarding the rights of the citizen, being these more guaranteed and humanistic, so it is necessary that the instructor of the administrative sanctioning procedure assumes an activist role as a public servant, and to be clear that his report, formed with all the necessary evidence of the imputed responsibility, contains a precise pronouncement, providing the necessary inputs to the sanctioning public servant for the evaluation of the evidence practiced, and consequently unequivocally motivate his resolution, taking into account that such resolution will affect protected legal assets such as housing and work. 


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