Resumen de Juicio verbal y simplificación procesal (1)
- español
El Proyecto de Ley de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia, aprobado por el Consejo de Ministros en abril de 2022, tiene por objeto conseguir «una justicia más eficiente, ágil y sostenible». Para alcanzar tales fines, contempla la modificación de diferentes textos normativos, entre los que se encuentra nuestra Ley de Enjuiciamiento Civil. En particular, junto con otras medidas, el legislador propone una serie de cambios respecto al ámbito cuantitativo y cualitativo del juicio verbal, elevando el conocimiento de asuntos por razón de la cuantía a 15.000 euros e incorporando a las materias susceptibles de sustanciarse a través de este procedimiento las relativas a las acciones individuales de condiciones generales de la contratación, la reclamación de cuotas no pagadas de comunidades de propietarios y la acción de división de la cosa común. Igualmente, con idéntica finalidad, prevé una serie de modificaciones en su estructura procedimental que, a nuestro juicio, lejos de alcanzar el objetivo perseguido, le privan de su esencia y lo asemejan, más, si cabe, al procedimiento ordinario. En este contexto, las presentes líneas pretenden analizar, desde una perspectiva crítica, los cambios propuestos, su viabilidad y las ventajas o desventajas que comportan, con el objetivo de concluir si la solución más adecuada, en aras de alcanzar la consecución de los fines enunciados, sería la posible supresión del verbal para la mayoría de los procedimientos existentes, reconduciéndolos a la vía del juicio ordinario, o, por el contrario, sus diferencias estructurales son tan determinantes que hacen necesaria la coexistencia de ambos procedimientos tal y como se encuentran planteados.
- English
The Draft Law on Procedural Efficiency of the Public Service of Justice approved by the Council of Ministers in April 2022 aims to achieve «a more efficient, agile and sustainable justice system». To achieve such ends, it contemplates the modification of a series of regulations, among which is our Law of Civil Procedure. In particular, together with the Alternative Dispute Resolution Measures, the legislator proposes a modification of the quantitative and qualitative scope of the verbal trial, raising the amount to 15,000 euros and incorporating to the matters that can be substantiated through this procedure those related to the individual actions of general conditions of the contract, the claim of unpaid quotas of communities of owners and the action of division of the common thing. Likewise, and with the same objective of gaining efficiency, it proposes a series of substantial changes in its structure that, in our opinion, far from achieving the objective pursued, suppress its essence and make it more similar, if possible, to the ordinary procedure. In this context, these lines intend to analyses, from a critical perspective, the proposed changes, their viability and the advantages or disadvantages they entail in order to conclude if the possible solution lies in the suppression of the verbal for most of the existing procedures. redirecting them to the path of ordinary judgment, or, on the contrary, their differences are so decisive that they make necessary the coexistence of both as they are raised.
