El trabajo realiza un análisis de la recientemente publicada Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, y cómo resulta imprescindible incorporar esta cultura de la integridad y de la transparencia en el sector público como valores esenciales que deben ser promovidos por todas y cada una de las personas que integran las Administraciones Públicas.
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