Dada la situación de vulnerabilidad en que se encuentran las personas privadas de la libertad – acusados o sentenciados– la Corte Constitucional colombiana impone deberes al Estado para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos en los centros carcelarios. Este artículo elabora el análisis del tema, sirviéndose de varias situaciones judiciales que lo ilustran.
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