Las Administraciones públicas tienen el deber de garantizar el derecho al acceso al agua, que es un recurso común, de naturaleza pública. España tiene precipitaciones irregulares y escasas en los meses cálidos, que son en los que se soporta una mayor demanda hídrica debido al peso de los sectores como el turismo y la agricultura. Cuando hay períodos de sequías se producen conflictos por el agua, que pueden devenir en arma arrojadiza electoral debido a la gran cantidad de intereses económicos que entran en juego.
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